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2penasquito2-440x293Ejidatarios contra mineros del grupo Carso pelean por terreno.

Propietarios de los terrenos donde se ubica la mina de oro en San Felipe, Baja California, reclaman un pago justo por  patrimonio, ante la intención de la compañía minera de comprarles a un precio que consideran ridículo, por lo que han iniciado un pleito legal contra el grupo económico más poderoso del país, representado por el millonario Carlos Slim.

Sergio Haro Cordero

Exactamente desde el kilómetro 123 de la carretera Mexicali-San Felipe, se divisa en el oeste un cerro rojizo. Llama la atención porque es más colorido que los demás en ese brazo de la sierra bajacaliforniana.

Es el punto exacto donde hace 22 año inició operaciones la Compañía Minera San Felipe, para la extracción fundamentalmente de oro y plata, en terrenos propiedad de los 212 ejidatarios que conforman el ejido Plan Nacional Agrario y que fueron rentados a la compañía propiedad del hombre más rico del mundo, el mexicano de origen libanés, Carlos Slim Helú, cabeza del poderoso grupo Carso.

En octubre del 2010 inició un episodio más de esta tortuosa relación con los ejidatarios, al ofrecer la compañía la compra de más de ocho mil hectáreas, pero a un precio que los posesionarios consideraron ridículo: cerca de dos mil dólares por hectárea. Los bajacalifornianos, y por los yacimientos de oro en el subsuelo, calculan que cada ejidatario debería recibir un millón de dólares.

Pero hubo quienes sí se aprovecharon de la situación. El ex presidente del Comisariado Ejidal Jorge Camacho Castro, quien junto con media docena de ejidatarios optó por vender su porción al precio ofertado por la empresa minera. Aparte habían firmado un ventajoso contrato que evidentemente beneficiaba a la minera, sin fecha de caducidad, ni datos específicos de los terrenos a explotar.

En asamblea ejidal efectuada hace dos semanas destituyeron a Camacho Castro, y el resto de los miembros prepara un recurso legal para –ante el Tribunal Agrario– invalidar por irregulares, los acuerdos tomados por aquella administración; además demandar el pago retroactivo que la compañía no les ha entregado. Después de este recurso legal, los ejidatarios esperan que sus tierras les sean adquiridas a un precio justo, o continuar con la renta de las mismas.

En el 2002 la minera había anunciado el cierre de operaciones en San Felipe –presuntamente por la baja en la producción de oro y plata–, pero en el 2010 no sólo reanudaron actividades sino que decidieron comprar los terrenos aledaños.

 

El nuevo Dorado

El ejido Plan Nacional Agrario fue constituido por resolución presidencial en julio de 1969, y abarca 524 mil hectáreas, lo que lo ubica como uno de los más grandes del país. De acuerdo a los ejidatarios, la compañía minera hizo unos contratos de exploración con el ejido desde 1986. Dos años después les empezaron a pagar renta por cerca de mil 525 hectáreas.

Actualmente, dividido el pago por arrendamiento de tierras entre los 212 ejidatarios, a cada uno le corresponden 6 mil 800 pesos anuales. Rosa Elia González –una de las propietarias– explica que hay tres formas de tenencia de la tierra:

* Uso común.- Todos los ejidatarios tienen una parte proporcional.

* Parcela.- Cada ejidatario es dueño de una parte de terreno específica, escriturada.

* Copropiedad, donde un grupo de ejidatarios dentro del núcleo ejidal tienen un área, cada quien con sus porcentajes específicos.

En el Plan Nacional Agrario tienen los tres tipos de tenencia de la tierra, y en el caso de la mina, ésta se encuentra en terrenos denominados como de “uso común”, lo que implica que las decisiones las toman los ejidatarios en una asamblea.

En octubre del 2010, representantes de la minera se acercaron con los ejidatarios para hacerles una propuesta de compra. 2 mil dólares por hectárea, fue lo ofrecido. “Eran 8 mil 560 hectáreas, aproximadamente”, explica por su parte el nuevo tesorero del ejido, Jesús Moreno, quien comenta que no aceptaron el ofrecimiento y que de hecho los conminaron a mejorar la propuesta.

Otro delos ejidatarios, Javier Dagnino, explica que la empresa hizo la oferta a través del comisariado ejidal, quien la expuso ante la asamblea, y fue rechazada. “Ellos basaron su propuesta por haber comprado unos terrenos aledaños a compañeros ejidatarios”, dice por su parte Samuel González, también integrante del núcleo ejidal. Se refiere a un grupo de terrenos que estaban como copropiedad. Se trató de cerca de 8 mil hectáreas que eran propiedad de media docena de ejidatarios, entre ellos el que fungía como dirigente. “A ellos si les pagaron bien, lo vendieron mucho más caro en relación a lo que nos están ofreciendo a nosotros”, expone Rosa Elia González.

“Están cometiendo una injusticia con nosotros, es una cantidad que da risa”, tercia otro de los ejidatarios, quien considera que el ex dirigente se hizo rico a costa de ellos. Afirman que la propuesta la hace la empresa sin ningún avalúo de por medio, bajo la premisa de que se trata de terrenos de mala calidad.

Uno de los ejidatarios suelta su sincero y llano análisis: “La minera pertenece al hombre más rico del mundo, los ricos se hacen ricos porque adquieren propiedades de la nación a precios irrisorios, nosotros  como pueblo tenemos una riqueza que tenemos que saber valorar. Esa mina contiene mucho y le tenemos que dar ese valor para que la riqueza siga con los mexicanos, no en las manos de uno o de un grupo…”.

Javier Dagnino recalca que ellos como ejidatarios reclaman un precio justo, de acuerdo a lo que vale un pedazo de tierra donde hay oro y plata. Según datos  por ellos investigados, en Sonora una hectárea para explotación de oro vale 15 mil dólares, mientras que en San Felipe se las quieren pagar a sólo dos mil dólares.

Los mismos ejidatarios explican que en otras zonas del ejido hay ganadería y producción agrícola y aún recuerdan el pleito sostenido tras la instalación de la zona exclusiva conocida como El Dorado, que también significó un litigio con los ejidatarios.

“El pez gordo siempre se quiere comer al chico –dice uno de los exponentes–, pero nosotros ya estamos en el punto de evolución que no queremos que nos coman”. Rosa Elia dice que ya están cansados que los dirigentes regalen el patrimonio colectivo, por eso ahora pelean un pago justo, con un valor real.

Por acuerdo de asamblea Jesús Moreno, Javier Dagnino, Samuel González y Rosa Elia González fueron designados como integrantes de la mesa negociadora, pero hasta ahora los representantes de la empresa no se han sentado a dialogar con ese grupo.

 

Camino legal

De acuerdo al abogado de los ejidatarios –el ex diputado Enrique Acosta– este asunto inició desde 1999 cuando el Comisariado Ejidal emitió una convocatoria para que se autorizara por la asamblea de ejidatarios la ocupación temporal de mil 565 hectáreas por parte de la compañía San Felipe SA de CV, y se aprobara la indemnización correspondiente a la ocupación temporal. También se incluía que se constituyeran las “servidumbres” necesarias para la explotación minera de casi 45 mil hectáreas.

Las llamadas “servidumbres de paso” tienen que ver con el uso de terrenos para la instalación y trasportación de la infraestructura necesaria para el fin principal, en este caso la explotación de la mina.  Todos estos terrenos son propiedad del ejido –bajo la figura de “uso común”– y el origen tuvo que ver con una concesión de parte del gobierno federal para la explotación de esa mina.

De acuerdo al abogado los ejidatarios sólo han recibido aportaciones por la servidumbre y preocupación, cerca de un millón de pesos al año. “Es una injusticia”, considera el también ex diputado local, tomando en cuenta que se trata de la mina con reservas probadas –la segunda en importancia– a nivel nacional.

“Esta compañía lo que ha querido es convertir a los ejidatarios en jornaleros de la mina”, expone el político y abogado en referencia a los actuales propietarios de esos terrenos, ya en segunda o tercera generación de ejidatarios.

Explica que el despacho de abogados fue contratado para revisar la constitución legal de todos los documentos. “Hicimos un análisis y encontramos que no hay contratos de servidumbre, que los contratos que las asambleas aprobaron el uso temporal de los terrenos, son susceptibles de demandar su nulidad. Hubo irregularidades en la celebración y en la publicación de los acuerdos”, expone Acosta en alusión a que convocaban para un motivo y acordaban otro diferente.

Menciona otro ejemplo, como el que debería haber sido la asamblea general la firmante de los contratos, pero los documentos fueron firmados por el comisariado ejidal sin contar con un mandamiento, una autorización de la asamblea general.

“En la asamblea no se establece tiempo de la ocupación, queda indefinida, y en el acuerdo de asamblea se establecen 20 años”, refiere el abogado en alusión al documento firmado por el anterior Comisariado donde, incluso, ni siquiera está identificada con exactitud la superficie del terreno. Aparte no se establecen los contratos de servidumbre ni se identifican las superficies. En suma, los ex dirigentes del Comisariado ejidal les otorgaron un cheque en blanco a los representantes de la minera.

Por todas estas irregularidades, Acosta Fregoso advierte que preparan un recurso legal ante el Tribunal Agrario para demandar la nulidad de la asamblea, el cual esperan interponer al final de este mes de febrero.

De proceder ese documento, quedarían sin materia los contratos de “servidumbre” y el acuerdo de ocupación temporal, por lo que la mina tendría que desocupar esos terrenos.

Quiénes son

La minera Frisco opera en México desde el siglo XVII, originalmente como una compañía inglesa –la Marines Mine–, cambiando de dueño en diversas ocasiones hasta que en 1962, tras las reformas legales –la mexicanización, le llamaron– quedó como Minera Frisco SA con diversas ramales posteriores, hasta que en 1984 fue adquirida por Carlos Slim, adhiriéndola al Grupo Carso. Oficialmente inició operaciones en San Felipe en 1994. De acuerdo a la  revista Expansión, Frisco se constituyó en una de las joyas de Slim, duplicando rápidamente su valor accionario a unos días de haber debutado en la bolsa. En el 2010 y el 2011 Slim Helú fue considerado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en  los 74 mil millones de dólares que le han dado con su inversión en Telmex, Telcel, Sanborns, Seguros Inbursa, Euskadi –por mencionar algunas– y a nivel internacional ha sido accionista de Apple y recientemente hasta en el diario New York Times. Una de las principales críticas que recibe es por ser el hombre más rico del mundo en un país como México, caracterizado porque la mitad de la población está sumida en la pobreza.

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